No podíamos dejar pasar la oportunidad para comentar algo sobre la norma que rige las elecciones en España. En los años de la Transición, el Gobierno de Adolfo Suarez acordó en Decreto Ley de mayo de 1977 las bases del régimen electoral, que sirvieron para convocar las primeras elecciones generales libres después de 40 años de dictadura. Dichas bases quedaron constitucionalizadas y en 1985 se aprobó la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General, que con leves modificaciones respecto de la anterior es la que se utiliza actualmente. Podemos decir, pues, que su origen es preconstitucional .
Transcurridos ya 38 años, y visto que su aplicación ha favorecido fundamentalmente a los grandes partidos y a los nacionalismos en detrimento de los más pequeños y de la igualdad de voto, es hora de que se plantee su reforma acorde con los avances y exigencias de nuestra sociedad. Sabemos que su modificación depende de las Cortes pero no estaría de más que los Ayuntamientos y Comunidades que surjan de las elecciones del 24 de mayo propusieran al Gobierno Central una profunda reforma para hacerla más proporcional, más justa e igualitaria.
Cierto es que han surgido años atrás iniciativas en esa dirección, tanto de los partidos políticos perjudicados como de importantes estudiosos del constitucionalismo, pero hasta la fecha todos han dado en hueso duro. Y es que quienes se sienten y son privilegiados por el sistema se resisten a perder sus ventajas, aun a costa de seguir perpetuando intereses partidistas tan claramente injustos que, como se ha comprobado, han desprestigiado la política, debilitado la democracia, fomentado la corrupción, el despilfarro y la crispación de la sociedad.
También es cierto que no han faltado partidos políticos que nos prometían en sus programas electorales hacer una “regeneración democrática”, y en 2009 casi se estuvo a punto de cumplirlo. El Congreso de los Diputados encargó al Consejo de Estado (órgano consultivo, no vinculante) estudiar la posible reforma de la Ley Electoral, y éste en su informe dictaminó que había “importantes disfunciones y desajustes por falta de proporcionalidad” y decía además que hay puntos “susceptibles de mejora para garantizar la igualdad de electores y partidos”.
Y propuso al Ejecutivo entre otras medidas, tres modificaciones:
- Elevar el número de diputados de 350 a 400.
- Reducir la representación obligatoria mínima por cada provincia de dos diputados a uno y
- Sustituir la ley D´Hont, que se utiliza para la conversión de votos en escaños, por el método Hare, porque aporta mayor proporcionalidad.
Ni que decir tiene que fue rechazado por los actores principales PSOE-PP-CC-PNV-CIU y BNG que, aun reconociendo lo injusto del sistema, afirmaban cínicamente que “no hay leyes electorales perfectas”.
Para comprender lo mucho que se han aprovechado de este sistema electoral los dos partidos hegemónicos, acudimos a la hemeroteca y comprobamos cómo la media de votos obtenidos por PSOE+PP en las once convocatorias electorales realizadas alcanza hasta el 73,2 % de los votos totales pero con la ayuda del Sr. D´Hont llegan a copar el 85,5% de los escaños del Congreso, o sea, un plus de 12,3% de media.
Exijamos, pues, una reforma que democratice el sistema y garantice la igualdad de voto, además de que acabe con la designación a dedo, las candidaturas cerradas y bloqueadas, etc... Porque después de tantos años en el machito han convertido esta democracia en un simulacro y a nuestros representantes en súbditos unidos por intereses corporativos comunes, ajenos en muchas ocasiones a la voluntad del pueblo. O impulsamos una verdadera democracia y tomamos en serio sus principios o habrá que prepararse para perderla y gritar con fuerza a la clase política futura que ser un Estado Social, Democrático y de Derecho no es un eslogan sino un principio irrenunciable .
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