En defensa de la democracia local

Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

Asistimos a otra nueva agresión a la ciudadanía con la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Dicha Ley fue aprobada el 30 de Octubre de 2013 en el Congreso de los Diputados, con los votos de PP y PNV y la oposición del resto de partidos. Siguió su trámite en el Senado y el Gobierno quiere aplicarla en este año.

Lo que subyace en todo esto es una nueva vuelta de tuerca para estrangular a la democracia más cercana a la gente, que la representan los Ayuntamientos, ya que estos han sido, desde su democratización en 1979, los que han atendido de manera más rápida nuestras demandas y las necesidades de la población más necesitada.

Dicen que está hecha con objeto de conseguir una mayor estabilidad presupuestaria, dados los altos gastos de las administraciones locales y justificándose en que hay diversos gastos que se pueden evitar, competencias o servicios duplicados, etc., que representan una sangría de los presupuestos. Sin embargo esto no se sostiene, pues la deuda de toda la Administración local, incluidas las diputaciones, apenas alcanza el 4% del PIB frente al 88% de resto de administraciones públicas.

Con esta reforma lo que se conseguirá será:

• Reducir las competencias municipales y debilitar su autonomía en favor de las comunidades autónomas.
• Reforzar las Diputaciones Provinciales en detrimento de los municipios de menos de 20.000 habitantes, ya que será la Diputación quien coordinará servicios como recogida y tratamiento de basuras, parques y jardines, limpieza, agua potable, accesos y pavimentación de las vías...
• Fomentar la fusión de municipios (entidades locales menores) sin tener en cuenta la voluntad real de sus vecinos.
• Relegar a los Ayuntamientos a ser meros gestores administrativos, perdiendo su capacidad de decisión y dependiendo de los recursos económicos que cada Comunidad quiera implementar.
• Transferir de manera efectiva a las comunidades autónomas los servicios sociales y de educación.

Elimina competencias del Pleno Municipal, ya muy disminuidas por la Ley de Grandes Ciudades, toda vez que si en un Pleno no se alcanza acuerdo en primera votación para aprobar determinadas cosas, la Junta de Gobierno Local asumirá esa competencia, y solo necesitará dar cuenta de lo que apruebe al Pleno en la primera sesión que se celebre, por lo que se elimina cualquier debate. Esto se aplica, por ejemplo, para aprobar: a) el Presupuesto municipal del ejercicio inmediato siguiente, siempre que exista un presupuesto prorrogado; b) los planes económico-financieros, los planes de reequilibrio y los planes de ajuste a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril; c) los planes de saneamiento de la Corporación o los planes de reducción de deudas vigentes y en particular el acceso a las medidas extraordinarias previstas en el Real Decreto-Ley 8/2013 de 28 de junio. 

En definitiva, observamos en la Ley un elemento ideológico, poco transparente y privatizador cuyo ahorro presumiblemente recaerá en despidos de trabajadores (se estima alrededor de 400.000 puestos, entre directos e indirectos) y una acusada debilitación de los ya de por sí escasos procesos de participación ciudadana. 

Por todo ello, en defensa del interés de la ciudadanía y la dignificación del gobierno local,

¡ACTUEMOS EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA LOCAL RECHAZANDO ESTA NUEVA IMPOSICIÓN!