Esta parcela, situada junto al Camino de los Afligidos a continuación del IES Alonso de Avellaneda y de las excavaciones arqueológicas de la villa romana de El Val, fue cedida por Repsol al Ayuntamiento hace más de 20 años para uso público. En el año 1988 incoaron expediente para declararla Bien de Interés Cultural, lo que le conferiría un alto grado de protección. Desgraciadamente, el expediente no se formalizó y acabó caducando, a pesar del interés científico de los restos arqueológicos.
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| Contenedor marrón (residuos orgánicos) |
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| Pleno de la JMD-V, celebrado (como todos) en el salón de plenos del Ayuntamiento, y retransmitido por YouTube |
En todos los distritos la composición política es la misma: presidente, vicepresidente y un vocal por cada partido político en el Ayuntamiento, total son siete. A estos se añaden los vocales que representan a Consejos de Barrio (CdB), asociaciones, AMPAs, entidades o plataformas, cuya composición está también reglada, pero en la realidad está determinada por la voluntad de participación de cada uno de esos colectivos en sus distritos. A continuación lo explicamos en detalle, junto con algunas breves pinceladas, desde una perspectiva crítica pero constructiva, sobre el desarrollo de cada pleno:
Nos enfrentamos en la Comunidad de Madrid a unas elecciones “sobrevenidas”, a un adelanto electoral, en plena pandemia, fruto de la preocupación de la actual presidenta por evitar una posible moción de censura como las que se estaban produciendo entonces en Murcia y Castilla y León.
La presidenta lo dejó bien claro: “Yo quiero gobernar sola, voy a por la mayoría absoluta” con esa falta de empatía que la caracteriza. Y, consecuentemente, está llevando esta campaña al más puro estilo trumpista, basando sus estrategias en el enfrentamiento y la zafiedad.
Nuestra comunidad autónoma lleva muchos años en severa regresión respecto a la Sanidad Pública. Estamos asistiendo a despilfarros que favorecen los negocios privados en perjuicio de lo público, del bien común.
Y ante las próximas elecciones hacemos un llamamiento a los partidos políticos para que lo razonable y lo positivo para la inmensa mayoría ciudadana sea una realidad.
Concretando, nos hacen falta:
En una sociedad democrática, solo los servicios públicos garantizan el acceso equitativo a derechos básicos, entre los que se encuentra especialmente la educación. La educación pública atiende a todos los niños y jóvenes sin diferencia de origen, nivel económico o clase social. Y su único ideario es la Constitución Española y los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso puede acoger, desde el respeto, la diversidad de los niños y sus familias. Del mismo modo, al ser sus docentes seleccionados con el único criterio de la excelencia, y deberse únicamente al servicio público, pueden ofrecer una educación libre y plural.
Por otro lado, solo la educación pública posibilita a los niños socializarse junto a sus semejantes sin segregarles o separarles por motivos ideológicos o económicos. Asegurar la máxima calidad de la educación para todos es el único modo de crear sociedades desarrolladas y reducir las desigualdades.
Desde hace décadas, la posición política de los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid ha sido de reducir el presupuesto de la escuela pública en favor de la concertada.
Cuando empieza a resonar el fin del segundo estado de emergencia declarado a raíz de la pandemia por el COVID-19, es momento de resituar en la agenda política pública la situación de precariedad vital que nuestras vecinas y vecinos más jóvenes están sufriendo.
Las personas jóvenes son las que han experimentado con mayor intensidad los efectos de la crisis económica tras el confinamiento. Así, en la Comunidad de Madrid encontramos que 1 de cada 4 jóvenes está desempleado y una tasa de temporalidad superior al 50% (datos de EPA 4T 2020).
Si revisamos indicadores como la temporalidad, la parcialidad, el salario medio o la sobrecualificación revelan unas condiciones cada vez más precarizadas que dificultan la autonomía vital de los jóvenes (ver Informe de Juventud 2020). Además, la situación del alquiler se ha vuelto insostenible: del 2013 al 2019 el precio medio del alquiler ha subido un 50% en España y el precio del alquiler ha aumentado 30 veces más que los salarios (ver Manifiesto de Apoyo a una Ley de Regulación del Alquiler).
He aquí algunas de nuestras exigencias, la mayoría compartidas con las asociaciones vecinales de la Comunidad de Madrid:
Desmontar el ladrillismo que impera en el urbanismo madrileño. Reorientar las grandes operaciones urbanísticas. Preservar el suelo público.
Promover la vivienda social y prevenir los desahucios.
Necesitamos una revisión y modificación de la última Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid, aprobado en octubre de 2020, que ha suprimido licencias y ha liberalizado el sector urbanístico (más información)
Necesitamos una nueva Ley de Vivienda para la Comunidad de Madrid, que tome de referencia medidas que se están adoptando en Cataluña y Valencia (más información).
Proteger los suelos no urbanizables. Frenar el crecimiento de la huella urbana y la contaminación. En el nuevo PGOU que se está preparando en Alcalá, al menos pediríamos que no se reclasifique en ningún caso para usos residenciales u otros, la zona C de la ZEPA.
Los objetivos prioritarios respecto a servicios sociales serían los siguientes:
Es imprescindible mejorar la colaboración entre la CM y los ayuntamientos.
Hay que avanzar en garantizar los derechos de los dependientes, el ingreso mínimo vital y demás ayudas que no se están implementando adecuadamente, en muchos casos por deficiencias burocráticas o falta de coordinación entre administraciones.
Por otro lado, incrementar los recursos para atención a drogodependencias y la lucha real contra las ludopatías, especialmente manifiestas últimamente en la proliferación de salas de juego por toda la comunidad.
En cuanto a las personas mayores, dos aspectos fundamentales:
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| El salón de plenos, vacío a la hora en que nos dan la palabra |
